Por Jovino Novoa
Columna Publicada en La Segunda

La reciente visita del secretario general de Unasur, Néstor Kirchner, a nuestro país fue aprovechada por el Presidente Sebastián Piñera para plantear la aprobación de una cláusula democrática como condición para que Chile ingrese como Estado miembro. Con esa petición sobre la mesa, el Gobierno de Chile se mostró disponible a apoyar a la Unasur, pese a las reticencias que genera dicho foro debido, entre otras falencias, a la instrumentalización política que ha sufrido por parte de Venezuela y los otros países del ALBA.

No es ningún secreto que esta entidad regional le es incómoda al Presidente Piñera. Hasta ahora ha sido utilizada como plataforma por Hugo Chávez, Evo Morales y compañía para extender su mensaje populista y antiamericano, camuflado de regionalismo, haciendo honor a las características de la nueva izquierda latinoamericana descrita por Carlos Rangel, en su célebre libro “Del buen salvaje al buen revolucionario”.

Sin embargo, Chile se siente comprometido a ingresar a este organismo regional por creer que es mejor estar dentro que fuera. Pero es razonable exigir ciertas condiciones.

La primera de ellas es que se incluya una cláusula democrática que obligue a la Unasur a pronunciarse cada vez que un país miembro atente contra los principios de la democracia. La importancia de esta condición no es menor, ya que es cada vez más común que mandatarios electos en forma democrática una vez en el poder introduzcan reformas legales para instaurar en la práctica regímenes totalitarios. Para darse cuenta de esto basta echar un vistazo por Venezuela, donde el Gobierno persigue a los opositores, atenta contra la libertad de expresión y financia a grupos terroristas sin perder por ello su categoría de “país democrático”.

Es probable que la cláusula propuesta por el Presidente genere urticaria en el vecindario. El propio Kirchner señaló, al salir de La Moneda, que “una cosa es una cláusula democrática y otra es influir en el funcionamiento interno de cada país”, en referencia al principio de no intervención que se usa a veces para callar frente a atentados flagrantes contra de democracia.

Otra condición es que la Unasur se limite a ser un foro político y no un órgano que pretenda duplicar instancias existentes en el continente, tales como el BID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Cepal. Asimismo, no es conveniente debilitar el rol de la OEA, organismo más amplio que requiere ser reformado en algunos aspectos, pero no suplantado por otro de menor cobertura.

Lo mismo puede decirse de la creación de un nuevo parlamento regional, que se sumaría a la multitud de instancias de esa naturaleza ya existentes, todas ellas de dudosa utilidad.

El debate que se avecina en el Senado debiera poner de relieve la conveniencia de que nuestro país asuma posturas más definidas frente a la irresistible tentación de crear burocracias internacionales costosas e ineficaces en la búsqueda de propósitos nobles, como son la integración latinoamericana y la cooperación entre los países, con el objeto de buscar el desarrollo y sacar a nuestros pueblos de la pobreza material e institucional en la que por largo tiempo hemos vivido.

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